Por Nahúm Pérez Monroy / Revista Hashtag
(28 de enero, 2014).- En medio de la neblina de versiones contradictorias y de hechos poco claros sobre lo que ha acontecido en la región de Tierra Caliente, Michoacán, resulta necesario diferenciar lo esencial de lo secundario para tener mayor claridad sobre los intereses que los grupos de autodefensa representan, así como de los posibles escenarios que en el conflicto se vislumbran.
1. Las bases que han permitido el esparcimiento de la violencia en México y la muerte de al menos 150 mil personas en los últimos siete años[1], se han gestado en tres décadas del modelo más salvaje del capitalismo mexicano. La privatización del ejido, el desmantelamiento de los subsidios al campo y la introducción del comercio desigual por medio del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), terminaron por crear las condiciones propicias para que el crimen organizado y la llamada “narco-cultura” se convirtieran en una poderosa palanca de atracción para miles de mexicanos sin otra alternativa de subsistencia. Tal y como describió la asociación civil italiana Libera en 2012: “México es un país de matanzas, homicidios y barbaries inauditas. Es una nación de delincuencia organizada, de cárteles de narcotraficantes, de periodistas secuestrados y asesinados”.
2. No puede entenderse la enorme influencia cultural y el poder político que ha adquirido el narcotráfico en las últimas décadas, sin comprender al mismo tiempo que éste forma parte estructural del capital financiero y de la economía mexicana. Según cifras del gobierno estadounidense, esta actividad genera en México ganancias anuales de entre 25 mil y 40 mil millones de dólares, (10 mil millones a través del lavado de dinero), además de que emplea directamente a cerca de 150 mil personas. En un país que ha desmantelado buena parte de su aparato productivo y que importa anualmente la tercera parte del maíz que consume, las actividades relacionadas con la producción y distribución de la droga se han convertido en una actividad de amortiguamiento para la economía mexicana, al ser capaz movilizar cuantiosos recursos materiales y humanos.
3. La situación de violencia que durante los días y semanas precedentes ha llevado a la región de Tierra Caliente, a un escenario próximo a la guerra civil, no sólo expresa una simple crisis de gobernabilidad en Michoacán, sino ante todo la crisis de hegemonía del Estado mexicano, que ha hecho evidente su pérdida de control sobre vastas zonas del territorio, así como su nula intervención en áreas neurálgicas de la vida pública, tales como el control de la seguridad, la salud, la alimentación, el empleo, etcétera. Por lo tanto, el actual conflicto michoacano, dista mucho de ser resuelto a corto plazo por métodos policiacos o militares.
4. Además del secuestro, la extorsión, la trata de personas y el cobro de rentas, las cuantiosas ganancias que produce el narcotráfico en Michoacán, han impulsado a una nueva clase de millonarios a extender sus negocios a otras ramas de la economía. La reciente revelación hecha por la Agencia Reuters de que el cártel de Los Caballeros Templarios ha incursionado en la minería al exportar hierro a China y de que ha contribuido a aumentar las exportaciones del mineral de 1.5 millones a 4 millones de toneladas, pone en evidencia el enorme poder que éste y otros grupos criminales han adquirido en todo el país, donde su fusión con los intereses empresariales y el poder político, los ha hecho prácticamente intocables.
5. Por esta razón, resulta falso que el operativo recientemente desplegado en Tierra Caliente pueda extirpar a los cárteles de la droga y mucho menos, hacer que sus principales cabezas sean aprehendidas. El crimen organizado ha infiltrado hasta tal punto a las estructuras de gobierno, a las diferentes policías y a las cúpulas del Ejército, que la población ha perdido completamente la confianza en él. En estas circunstancias, lo único que puede esperar el gobierno federal a través de su nuevo Comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, es ganar tiempo, acotar el poder de las autodefensas y evitar que su influencia se expanda a otras regiones.
6. Durante todo el tiempo en que las fuerzas del narcotráfico mantuvieron el control de diversos municipios de Michoacán a través de la extorsión y el cobro de rentas, el gobierno federal permaneció impasible, pues la violencia del crimen organizado sobre la población no afectaba la reproducción del capital y mucho menos, ponía en cuestión el “sacrosanto” monopolio de la violencia en manos del Estado. Fue hasta que las autodefensas decidieron organizarse por su propia cuenta, avanzar hacia Apatzingán y tomar la justicia por sus propias manos, que las altas esferas gubernamentales y grupos empresariales pusieron el grito en el cielo, exigiendo el restablecimiento de la legalidad.
7. Las autodefensas michoacanas son por supuesto expresiones distintas a las policías comunitarias, pero no por ello carecen de legitimidad. Prueba de ello es que hace unos días, cuando el Ejército intentó desarmar a las autodefensas de los municipios de Antúnez y Múgica, cientos de pobladores desarmados salieron para enfrentar al Ejército y oponerse a tal medida cara a cara. El intento de desarmar a las autodefensas, tal y como lo había anunciado el secretario de gobernación, Osorio Chong, generó un escenario que amenazó con salirse del control del gobierno, por lo que el Ejército se vio orillado a devolver las armas a los pobladores.
8. Para el régimen, el peligro real del avance de las autodefensas, consistía en la posibilidad de que empezaran a fusionarse con las comunidades y que adquirieran un carácter de clase distinto. Si bien es cierto que las autodefensas han sido dirigidas hasta ahora por pequeños propietarios, empresarios, y productores de limón y aguacate dispuestos a negociar, en las circunstancias actuales, la movilización de campesinos pobres, pequeños propietarios y trabajadores podría llevar al estado a un escenario de insurrección social con demandas muy distintas de las que inició el conflicto.
9. El grupo de agentes del capital financiero que se encuentra al frente del gobierno federal, ha demostrado que pese a la actual crisis política, social y económica que se vive, las cúpulas cuentan con una visión estratégica de largo plazo para poner en “orden” a México y para “reformarlo”. Este plan consiste en consolidar un gobierno fuerte, autoritario y centralizado, que sea capaz de desarticular las autonomías y los poderes fácticos que no se encuentren alineados con sus planes. Sin embargo, los recientes acontecimientos en Michoacán nos demuestran que una cosa es lo que se planifica desde las cúpulas, siempre insensibles al dolor del pueblo, y otra muy distinta, las condiciones concretas para llevarlos a cabo. El caso de las autodefensas nos enseña que el intento del PRI de llevar al país hacia una restauración autoritaria estará plagado de obstáculos.
[1] Esta estimación fue hecha por el secretario de defensa de Estados Unidos, León Panetta, el 28 de marzo de 2012, luego de una reunión con las secretarías de Marina y la Defensa Nacional mexicanas.
