(26 de febrero, 2014).-Hace siete años, Ernestina Ascensio Rosario, indígena náhuatl de 73 años, fue descubierta desvanecida, sangrando, apenas balbuceante, declarando que varios soldados habían abusado de ella. Ernestina murió a las pocas horas por falta de atención médica; si bien la primera autopsia confirmó que había sido víctima de una violación sexual, más tarde la versión oficial de su muerte, sería atribuida a causas naturales, específicamente, a una gastritis.
El veredicto que olvidaba la presunta violación tumultuaria -defendido por el entonces presidente Felipe Calderón- no convenció a familiares y organizaciones sociales, razón por la cual, en enero del año 2011, el caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las violaciones sufridas, por su discriminación de género, étnica, la nula protección judicial y por el derecho a la información, amparados en la Convención Americana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las Mujeres.
En noviembre del 2013 se notificó al Estado Mexicano que debía presentar la información ante la Corte, con lo cual jurídicamente el caso quedó abierto a trámite.
La CIDH deberá de emitir un informe de admisibilidad en el cual se establecerá si el caso de Ernestina Asencio -presentado por el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, Litigio Estratégico, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica y Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos- es analizable dentro del marco de la competencia de la CIDH.
Patricia Benítez, miembro del Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara A.C., señaló que el Estado mexicano “está simulando”, ya que al firmar tratados internacionales en materia de derechos humanos, se compromete a respetarlos en su país, sin embargo, eso no sucede.
“Seguimos teniendo la plena seguridad de que tenemos el derecho a saber qué pasó”, señaló Benítez, quien además indicó que se iniciaron dos procesos de solicitudes ante el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), sin embargo al no saber qué información debía restringir, se procedió a un amparo ante la Corte, quien resolvió devolverle la facultad de decisión al IVAI.
“Ernestina sufrió múltiple discriminación por ser mujer, indígena, anciana y pobre. Estamos denunciando la violencia de la cual fue víctima […] Estamos denunciando la protección judicial que el Estado estaba obligado a dar. Estamos denunciando el derecho a la verdad que no fue satisfecho ni por órganos obligados ni por las instituciones de justicia”, señaló Carmen Herrera, jurista de Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos esta mañana en conferencia de prensa.
Herrera indicó que ahora que el caso se encuentra abierto por la CIDH, “está en la cancha del Estado para que rinda cuentas, para que rinda información”.
A decir de Herrera, el caso de Ernestina es “muestra del desprecio contra las mujeres indígenas en México”, razón por lo cual dijo esperar que el caso “contribuya a focalizar y atender los grandes pendientes que tiene el derecho al acceso a la información en el país”.
Julio Atenco, miembro de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica mencionó que el caso de Ernestina sintetiza tanto la violencia de género en México como la violencia étnica existente.
“Hoy, en el séptimo aniversario de la muerte de doña Ernestina estamos honrando su memoria y la de todas las mujeres indígenas de Veracruz y de todo el país, diciendo que no hemos olvidado, que seguiremos impulsando la justicia y la adopción de políticas que atiendan las violencias que viven las mujeres indígenas, particularmente la violencia institucional”, señalaron los miembros de organizaciones sociales y representantes legales.
