- La SRE presentó 20 denuncias por los fallecimientos y ya obtuvo respuestas de autoridades en Florida, California y Texas; además, destinó 24 mil 788 dólares para apoyar a las familias y llevó los casos ante la ONU y organismos de derechos humanos.
México comenzó a obtener respuestas de autoridades estadounidenses tras presentar 20 denuncias por la muerte de 17 connacionales durante operativos migratorios o mientras permanecían bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fiscalías de Florida, California y Texas ya informaron sobre avances o la valoración de acciones en distintos expedientes, mientras el Gobierno mexicano mantiene acompañamiento jurídico, consular y económico para las familias.
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó durante La Mañanera del Pueblo que la estrategia emprendida en julio busca esclarecer individualmente cada fallecimiento y determinar posibles responsabilidades, incluidas las de agentes migratorios o empresas privadas encargadas de operar centros de detención. Paralelamente, la Cancillería ha destinado 24 mil 788 dólares en apoyos, principalmente para la repatriación de restos.
20 denuncias por 17 muertes: comienzan las respuestas
De las 20 denuncias presentadas por el Gobierno de México, ocho fueron interpuestas ante fiscalías estatales y otras 12 ante fiscalías de distrito, correspondientes a los estados donde ocurrieron los fallecimientos: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
Las primeras respuestas ya llegaron. En Florida, la fiscalía estatal comunicó que su investigación coincide con la hipótesis de que uno de los mexicanos fallecidos se quitó la vida.
En Ventura, California, y Harris, Texas, las autoridades notificaron a México que comenzarán a valorar las acciones correspondientes. Otras fiscalías han confirmado hasta ahora la recepción formal de las denuncias, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mantiene abierto el seguimiento de cada expediente.
La estrategia mexicana no busca establecer una explicación única para las 17 muertes, sino conocer qué ocurrió en cada caso y si existen responsabilidades que deban ser sancionadas.
“Para que haya justicia tiene que haber una investigación y, derivado de esa investigación, tiene que haber una determinación de responsabilidades”, afirmó Velasco.
El funcionario añadió que serán las propias autoridades judiciales estadounidenses las encargadas de establecer las responsabilidades correspondientes:
“Si hubo responsabilidades penales, pues haya justicia.”
Sheinbaum: México asumió directamente la defensa de los casos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que normalmente son los familiares quienes presentan este tipo de denuncias en Estados Unidos, pero ante la cantidad de fallecimientos registrados, el Gobierno de México decidió intervenir directamente.
“Ya estamos hablando de 17 compatriotas que han fallecido en Estados Unidos, en centros de detención o en operativos”, afirmó.
La mandataria sostuvo que la prioridad es conseguir investigaciones formales sobre cada fallecimiento y, cuando corresponda, que se actúe contra quienes resulten responsables, independientemente de que se trate de funcionarios migratorios o compañías privadas.
“Queremos que se haga una investigación y, si hubo responsabilidad de algún miembro del gobierno de ICE o de los privados que cuidan el centro de atención que tienen a su cargo, pues que se proceda”, señaló.
Sheinbaum reiteró que la defensa de los mexicanos en el extranjero constituye una obligación del Gobierno federal, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro país.
Apoyo económico, abogados y presencia en centros de detención
Mientras avanzan las denuncias, la Cancillería mantiene una estrategia de acompañamiento directo para las víctimas y sus familias. Hasta ahora ha entregado 24 mil 788 dólares en apoyos, principalmente destinados a cubrir gastos relacionados con la repatriación de los restos de los connacionales fallecidos.
La red consular mexicana también continuará con presencia en centros de detención para brindar acompañamiento, asistencia y acciones preventivas a los mexicanos retenidos por las autoridades migratorias estadounidenses.
A ello se suma el Programa de Asesorías Legales Externas, mediante el cual México apoya la representación jurídica de personas afectadas y sus familiares para investigar posibles responsabilidades.
En expedientes relacionados con el centro de detención de Adelanto, California, por ejemplo, continúa la revisión de pruebas para determinar posibles responsabilidades de empresas encargadas de prestar servicios médicos.
La SRE analiza documentación adicional que podría ayudar a establecer un eventual incumplimiento en la atención médica. En otro procedimiento judicial relacionado, México reportó tres resoluciones favorables para la parte actora, mientras el juicio está programado para el verano de 2027.
El caso mexicano llega hasta Naciones Unidas
Las gestiones ya trascendieron las fiscalías estadounidenses. México recibió una respuesta del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, después de que el Gobierno federal le enviara una carta para exponer la situación de los connacionales.
De acuerdo con Velasco, el alto comisionado manifestó conocimiento y preocupación por los casos y trasladó la información al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su consideración.
El organismo internacional mantendrá el monitoreo de las condiciones en los centros de detención y del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, además de llamar a las autoridades estadounidenses a realizar investigaciones prontas y garantizar los derechos de las víctimas.
México también continuará el acercamiento con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos regionales e internacionales.
México mantiene presión institucional para esclarecer cada muerte
La Cancillería también ha llevado el asunto ante el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). El embajador mexicano en ese país, Roberto Lazzeri, y la subsecretaria Cristina Planter han planteado directamente las preocupaciones del Gobierno mexicano ante las autoridades estadounidenses.
Velasco aclaró que estas gestiones no buscan generar un conflicto bilateral, sino garantizar que los fallecimientos sean investigados y que las familias reciban acompañamiento mientras se esclarecen los hechos.
Con 20 denuncias presentadas, las primeras respuestas de fiscalías estadounidenses, 24 mil 788 dólares destinados a las familias, asistencia jurídica y consular y la intervención de organismos internacionales, México mantiene abiertos distintos frentes para que cada una de las 17 muertes sea investigada y, cuando existan responsabilidades, haya justicia.
