Coatlicue Nieto / @Sophiadaria
(7 de marzo, 2014).- El discurso expuesto por las compañías mineras y reproducido como propaganda oficialista, posiciona a dicha industria como una de las mejores alternativas para fomentar la inversión y la generación de empleos. Como se ha visto en las entregas anteriores no hay nada más alejado de la realidad, ya que la ganancias de la extracción de los minerales regresa a los países de origen de las empresas y los empleos que generan son temporales y por subcontratación.Sin embargo, la maquinaria de los medios favorables a estos grupos empresariales silencian las voces disidentes que señalan las consecuencias de la explotación minera.
En San José del Progreso, Oaxaca la actividad minera no está redituando beneficios a la población, sino que ha propiciado el enfrentamiento de los pobladores entre sí, azuzado por el capital minero, para continuar con la explotación desmedida de la concesión que les fue otorgada sin consulta de la comunidad.
Al respecto, el periodista Carlos Fazio señala que: “Cuando empieza un conflicto, es habitual que ambas partes se escuden detrás de la seguridad y los intereses” nacionales. Y que a través de los medios de difusión masiva, que actúan como mecanismos clave de la negación, las dos partes mientan, tergiversen los datos y calumnien al enemigo, queriendo hacer pasar por información objetiva lo que en realidad es propaganda interesada.
En este sentido, no es el silencio cómplice de los medios masivos la única estrategia para atacar al “enemigo”, sino que se emplea el miedo en varias expresiones para “convencer” a las masas. Por un lado, con el temor por la fuga de inversiones y perdida de empleos y por otra parte, al interior de las poblaciones que participan en el conflicto, con una escalda de agresión física y moral. Esta última a partir de la impunidad exhibida en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Paramilitarismo en las mineras
El paramilitarismo en América Latina no es nuevo y tampoco lo es en la protección de los intereses comerciales. En Colombia se ha presentado este fenómeno desde hace décadas, un caso muy conocido es el de Chiquita Banana, quien pagó a paramilitares vinculados a masacres y asesinatos de dirigentes sindicales.
La violencia o con que se pretende desalojar a comunidades indígenas y no indígenas de sus poblados y territorios, obedece al interés económico de la clase empresarial y a su necesidad de apropiarse de los recursos estratégicos y materias primas que los primeros poseen. El desplazamiento forzado de la población, forma parte de un plan de mayor, gestado fuera de nuestra soberanía y que precisa estar acompañado por la manufactura del consenso a través de los medios, como la llama Chomsky.
Durante años se ha mantenido a estos pueblos en la marginación, sin embargo es hasta que levantan la voz para exigir sus derechos que se les otorga un poco de atención pública, aunque suela presentárseles como personas retardatarias al progreso y apegadas a valores incompatibles con la imagen que corresponde a un país cuya economía pretende despuntar. En este contexto inducido por la industria cultural, el arraigo a la tierra o el respeto por el medio ambiente son “valores” desechables.
En el caso de las muertes de activistas en San José del Progreso, Oaxaca, la estética del paramilitarismo no presenta cuerpos mutilados, sinoque aprovecha los espacios cotidianos para amedrentar con mensajes amenazadores. Quizás, el método más eficaz es la provocación de enfrentamientos entre pobladores a partir de la entrega de dádivas o la compra de simpatías.
