Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por el delito de desaparición forzada de personas relacionado con el caso Ayotzinapa. Durante la diligencia penal, padres de los normalistas desaparecidos intervinieron para exigir que el exmandatario permanezca recluido y no reciba el beneficio de prisión domiciliaria.
La audiencia se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. Dos de los padres de las víctimas siguieron el proceso por videoconferencia desde las instalaciones del Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez».
Con el fin de resguardar su identidad, uno de los familiares tomó la palabra sin aparecer en la pantalla de la sala judicial para contrarrestar los argumentos de la defensa de Aguirre Rivero, la cual alegó problemas de salud como hipertensión arterial, diabetes y padecimientos de próstata para evitar su reclusión en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
El padre de familia reviró los dichos del político y sus abogados señalando que los padres y madres de los 43 estudiantes llevan doce años con enfermedades a cuestas debido a su exigencia de justicia por los crímenes perpetrados el 26 y 27 de septiembre de 2014.
El interviniente pidió directamente al juez de control, Mario Elizando Martínez, mantener tras las rejas al exgobernador debido a que les hizo mucho daño y ocultó evidencias fundamentales del caso.
Por su parte, Ángel Aguirre Rivero intervino brevemente para asegurar ante la autoridad judicial que mantiene su conciencia tranquila y en paz.
El experredista afirmó que demostrará a su familia que no tuvo ninguna relación con los hechos delictivos cometidos contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos». Con la resolución del juzgador, el imputado deberá enfrentar su proceso penal internado en el penal federal del Estado de México.
