[En la fotografía: Alejandra, hija de Norma Andrade]
(20 de febrero, 2014).- Sin identificar, sin identificar, sin identificar… cientos de niñas, adolescentes, mujeres asesinadas de quienes no se sabe nombre u ocupación, tan sólo una edad aproximada y los motivos de su muerte: asfixiada, apuñalada, lacerada, destazada, baleada, golpeada, con signos de abuso sexual, quemada, con múltiples fracturas, degollada, estrangulada… Sin embargo, ellas no cuentan como defunciones en las cifras oficiales de víctimas de feminicidio, debido al hecho de no ser reconocidas por algún familiar.
Ante la falta de información oficial, periódica y reciente sobre las mujeres que son víctimas de la violencia de género[1], existen organismos como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, encargados de monitorear las acciones gubernamentales y el número de denuncias y defunciones femeninas relacionadas con agresiones.
En las dos primeras partes de este reportaje se observó la omisión de las autoridades para reformar sus legislaciones y códigos civiles y penales, así como algunas de las prácticas sexistas y misóginas de funcionarios en las agencias del Ministerio Público y personal médico de instituciones de salud. Además, se indicó que pese a existir una ley integral de prevención y erradicación de la violencia, la problemática enfocada en contra de las mujeres persiste en niveles preocupantes.
La pregunta: ¿existe la manera de frenar la ola de feminicidios que enfrenta México?, nos lleva a reflexionar sobre el trabajo que realizan las instituciones encargadas de salvaguardar la vida e integridad de la ciudadanía. La formulación de leyes basadas en investigaciones rigurosas, fundamentadas teóricamente y con datos fiables, termina en folletos que plantean los pasos a seguir para enfrentar un serio problema de salud pública y para lidiar con siglos de prácticas de discriminación y exclusión contra las mujeres, tan arraigadas en nuestra sociedad.
El trabajo de las entidades federativas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres se limita a presentar en sus portales de Internet los folletos y manuales publicados, o los cursos impartidos al personal de las dependencias de procuración de justicia. Sin ofrecer información sobre el número de víctimas, mucho menos sobre los resultados obtenidos para contrarrestar este fenómeno que aqueja a todo el país.
Tampoco se ofrecen información y talleres a las mujeres acerca de sus derechos, ni se comunica sobre las “ventanillas” disponibles para la atención y la previsión de cualquier tipo de violencia física, psicológica o sexual. Debemos reflexionar también que una de las principales armas de la impunidad y de la violación a los derechos ciudadanos y humanos, es precisamente el desconocimiento de los mismos.
Si bien acciones tales como la tipificación de la violencia feminicida como delito se han aprobado en 30 estados de la República y en el Distrito Federal, en muchos, las nuevas legislaciones no han sido promulgadas ni sus códigos civiles y penales reformados. Por otro lado, las sanciones pueden variar de entidad a entidad, penas que pueden ir desde pagar multas hasta pasar algunos meses o años en prisión.
La senadora Angélica de la Peña explica que uno de los debates entre feministas se centra sobre si una sanción muy alta o más alta marcaría una diferencia, “yo lo que milito es que en función de este nuevo concepto de la norma penal es que se logre que quien comete una infracción o delito pueda ser reinsertado socialmente” e indica que a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las autoridades deben diseñar “modelos de atención, prevención de erradicación de la violencia de género, es aspirar a construir una sociedad totalmente distinta”.
Las sanciones deben de ir acorde con la proporcionalidad del delito o la infracción cometidos, con el fin de que “lleven a una reeducación”, indica De la Peña. Por lo mismo, es necesario que exista el debido acompañamiento legal y el cumplimiento de las garantías procesales, “en vez de que se mande a terapias psicológicas como si solamente estuvieran enfermitos los jóvenes que violentan, en vez de sanción te mando a una terapia psicológica, eso no es así”, declara.
En el código penal vigente del estado de Guanajuato, por ejemplo, en el artículo 92 se establece: “Al responsable del delito de violencia intrafamiliar o de un delito cometido contra una persona con quien tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga se le someterá a un tratamiento psicoterapéutico integral, para su readaptación”. ¿A qué otro agresor que haya cometido un robo con violencia, o que haya causado heridas en su víctima durante un altercado e incluso haya asesinado a alguna persona se le receta un tratamiento psicológico y no se le dicta una sentencia punitiva?
Reflexionemos el trasfondo de las leyes, códigos civiles y penales, que pese a que algunas entidades y el Distrito Federal presumen la impartición de cursos con perspectiva de género, la realidad sigue siendo otra. Si, como dice el investigador Carlos Echarri, en los cuadernillos de los códigos de Procedimientos Penales no se encuentran sentencias ejemplares ante el delito de violencia feminicida, familiar, institucional, en la comunidad, laboral y docente, la impunidad seguirá atentando en contra de la vida de las mujeres.
A 13 años del feminicidio de Alejandra, Norma Andrade, continúa exigiendo justicia
Norma Andrade, cofundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, asociación de madres cuyas hijas se encuentran desaparecidas o han sido asesinadas, es madre de Lilia Alejandra García Andrade, quien con tan solo 17 años desapareció el 14 de febrero de 2001, y fue encontrada muerta el día 21 del mismo mes con signos de violencia física y sexual, en Ciudad Juárez Chihuahua.
Para Norma “no puede ser posible, no existe congruencia de lo que se dice también en el extranjero de que se están educando y preparando tanto a los jueces como magistrados a los Ministerios Públicos en México, en una preparación de género, cuando estamos viendo todo lo contrario”. Refiriéndose al caso de Yakiri, joven agredida sexualmente y encarcelada en el Distrito Federal por defenderse de su agresor “no puede ser posible que a las víctimas por defenderse las detengan”.
La transformación que ha ocurrido en Norma luego de la muerte con violencia de Alejandra, la hizo reconocer las injusticias que viven las mujeres. “Me di cuenta de lo que estaba sucediendo realmente en el país, lo que realmente teníamos de gobierno, cosa que yo desconocía y hasta el momento del asesinato de mi hija lo empecé a conocer”, señala.
Justo a 13 años del feminicidio de Lilia Alejandra, el caso sigue en investigación, se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “vamos a pasar ya a la Corte, entregamos información que desde nuestro punto de vista, está haciendo ver todos los errores que hubo desde el armado del expediente hasta la investigación del caso de mi hija”.
El caso de Alejandra es tan solo un ejemplo, que a trece años de su muerte, su homicidio sigue impune, “el caso de mi hija sigue en investigación, ya tiene 13 años y sigue en etapa de investigación, pues qué hablamos de los atentados que yo he recibido”, señala Norma, víctima también por defender los derechos de las mujeres y denunciar la negligencia de las autoridades ante los miles de feminicidios ocurridos en Chihuahua y otras entidades.
Norma Andrade comparte: “Poco a poco me he ido capacitando, he ido conociendo lo que son las leyes, en lo que son nuestros derechos humanos, para que en la medida seamos nosotras como víctimas quienes digamos ya basta. Nosotras podemos exigir al gobierno que nos den respuesta a nuestras situaciones”, exclama la activista defensora de los derechos de las mujeres.
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Para la senadora Angélica de la Peña la paridad entre hombres y mujeres en los congresos locales como en el federal es de suma importancia: “donde participan más mujeres se benefician más las mujeres y por supuesto se beneficia la sociedad, aun a pesar de que no todas las mujeres pueden estar convencidas, incluso hay algunas reactivas a trabajar a favor de las causas de las mujeres eso es verdad”, expresa.
Pero en su experiencia como legisladora en tres ocasiones sabe que la percepción de aquellas de las que son su prioridad los derechos de las mujeres cambia con la información sobre el panorama injusto en que se vive.
“Con argumentación, con argumentos convences a las mujeres que no estaban convencidas y se suman; convences también a los hombres. Porque ningún cambio legislativo hemos logrado en este país si no es con el apoyo de los señores, porque nunca hemos tenido un Congreso con mayoría absoluta”.
Se torna imperativa la modificación de los roles de género que prescriben comportamientos y labores para ellas, como el cuidado de la familia; es necesario, también, erradicar los prejuicios que conciben a las mujeres como débiles, sumisas y subordinadas para la construcción de una sociedad más justa que no violente y asesine a las mujeres por el hecho de serlo.
[1] Tal como se señala en la segunda entrega de este reportaje: “Por negligencia de Ministerios Públicos e instituciones de salud, miles de feminicidios (2/3)”
