- La justicia federal rechazó el amparo de Ramón Sosamontes; continuará el proceso por la Estafa Maestra ligado a un contrato superior a 353 millones de pesos firmado durante su paso por Sedesol.
Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles Berlanga durante su gestión en la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), continuará enfrentando el proceso penal en su contra luego de que un tribunal federal le negara el amparo con el que buscaba echar abajo su vinculación a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Con esta resolución, permanece firme la determinación judicial que lo mantiene sujeto a proceso por un caso relacionado con la Estafa Maestra, específicamente por un contrato superior a 353 millones de pesos celebrado en 2014 con Radio y Televisión de Hidalgo.
Tribunal mantiene firme la vinculación a proceso
El exfuncionario promovió en marzo pasado un amparo directo para impugnar la resolución emitida el 26 de febrero de 2026 por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, instancia que, al cumplir una sentencia previa de amparo, volvió a concluir que existen datos de prueba suficientes para mantener su vinculación a proceso.
Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado desestimó los argumentos presentados por la defensa. La secretaria en funciones de magistrada, Virginia Jácome Planté, declaró infundados los planteamientos y resolvió negar la protección de la justicia federal, por lo que el procedimiento penal continúa su curso.
Aunque Sosamontes ya interpuso un recurso de revisión, la resolución emitida mantiene vigente su vinculación a proceso, mientras las instancias correspondientes analizan el nuevo recurso promovido por su defensa.
El contrato de más de 353 millones bajo investigación
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Ramón Sosamontes habría celebrado de manera indebida un convenio con Radio y Televisión de Hidalgo utilizando recursos públicos, en una operación que, según la Fiscalía, provocó un daño superior a 353 millones de pesos a la Hacienda Pública Federal.
Las indagatorias sostienen que los servicios contratados no fueron realizados, además de que la televisora estatal no contaba con la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con las obligaciones pactadas, por lo que subcontrató más del 49 por ciento de los servicios, excediendo el límite permitido por la Ley de Adquisiciones.
La FGR también señala que no se efectuó un estudio de mercado antes de la contratación para verificar las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, además de que no existió una justificación suficiente para evitar una licitación pública y optar por un mecanismo de contratación distinto.
A ello se suma que, de acuerdo con la investigación, Sosamontes presuntamente tampoco verificó que Radio y Televisión de Hidalgo contara con personal, infraestructura, recursos técnicos y capacidad financiera para prestar los servicios contratados, elementos que forman parte de la investigación que mantiene vigente el proceso judicial en su contra.
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