- La presidenta Claudia Sheinbaum firma un decreto para garantizar mayor transparencia; contratos, auditorías y datos gubernamentales tendrán reglas claras de acceso y las reservas se limitarán a seguridad nacional y asuntos bajo litigio.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto en materia de transparencia con el que el Gobierno de México busca fortalecer el acceso a la información pública, establecer reglas más claras para la difusión de datos gubernamentales y evitar que la publicación o reserva de información quede al criterio de servidores públicos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida profundiza el principio de máxima publicidad y representa un paso adicional para que la ciudadanía tenga mayor acceso a la información generada por las instituciones públicas.
«El decreto es para garantizar la transparencia de todas las entidades del Gobierno de México. Esto está en la Constitución, en los lineamientos, pero vamos a ser todavía más transparentes. Es la garantía de la transparencia de la información del Gobierno de México».
Asimismo, anunció que al inicio del próximo periodo de sesiones del Congreso enviará una iniciativa de reforma a la Ley General de Transparencia, con el propósito de incorporar las disposiciones del decreto al marco jurídico.
Se acaba la discrecionalidad en la reserva de información
La presidenta explicó que uno de los cambios centrales consiste en que la clasificación de información ya no dependerá de la decisión de un funcionario, sino que estará sujeta a criterios definidos en la legislación.
“En la ley actual está establecido que los funcionarios pueden determinar qué se hace púbico o no, dependiendo de los temas de seguridad nacional o que estén en un procedimiento judicial o administrativo. Ya no queda a criterio de un funcionario, del secretario, del director de área de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad”, indicó en su conferencia matutina.
El decreto contempla que las reservas de información se limiten a los casos previstos en la Constitución, principalmente seguridad nacional y asuntos que se encuentren bajo litigio o investigación judicial, además de mantener la protección de los datos personales.
Más contratos, auditorías y reportes disponibles para consulta
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló que el decreto busca publicar información más allá de las obligaciones legales y fortalecer los mecanismos de consulta para la población.
“Y se va a dar prioridad a que la información que se reserve no solo va a ser temporal, sino también se publique, aunque se reserve alguna, se publique en versiones públicas preferentemente”.
Explicó que la estrategia se concentrará en cuatro ejes principales: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, así como una invitación a estados, municipios y otros poderes para sumarse a esta política de máxima publicidad.
Entre los cambios destaca que los contratos federales, incluidos los de Pemex y CFE, deberán actualizarse mensualmente, además de ponerse a disposición del público informes financieros, políticas de operación, resultados de auditorías, programas de fiscalización y seguimiento a observaciones.
Reservas más acotadas y una plataforma más robusta
La funcionaria también informó que las reservas de información serán simplificadas para concentrarse únicamente en los supuestos constitucionales.
“En apego más estricto a la Constitución, se van a eliminar reservas, actualmente se tienen 173 reservas aunque están clasificadas entre interés público y seguridad nacional. Sin embargo, se va a hacer una simplificación para pasar a ser expresamente, nada más, lo de interés público y seguridad nacional”.
Además, el Gobierno federal prevé fortalecer en el plazo de un mes la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de facilitar la consulta de información pública y ampliar el acceso de la ciudadanía a documentos, contratos, auditorías y demás datos generados por las dependencias federales.
