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(31 de octubre, 2014).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), dio a conocer que documentó amenazas de desplazamiento forzado, además de hostigamientos y agresiones que ponen en riesgo la integridad y la vida de 67 indígenas choles (12 familias de ejidatarios), en su mayoría mujeres y menores de edad, habitantes del ejido José María Morelos y Pavón, del municipio de Tumbalá, Chiapas.
El objetivo de los agresores es excluirles y negarles sus derechos por apoyar a la familia de José y Arturo Mendaño Méndez, desplazada forzadamente desde el 18 de mayo de 2013 al disentir de la creencia religiosa predominante en el ejido.
Las agresiones iniciaron desde el pasado mes de mayo, cuando simpatizantes del Comisariado Ejidal Domingo Sánchez Vásquez, golpearon a dos ejidatarios. En los meses subsecuentes siguieron las amenazas, mismas que fueron denunciadas ante la Procuraduría de Justicia de Chiapas, quien inició el Acta administrativa No. 458-IN-M3/2014.
En el mes de octubre se recrudecieron las amenazas, y la advertencia de que se les va a suspender a 12 ejidatarios y sus familias, el servicio del agua; además de desplazarles.
El Frayba advierte que hasta el omento las autoridades municipales y estatales encargadas de la procuración de justicia han sido omisas en su responsabilidad de garantizar los derechos de las familias amenazadas de desplazamiento forzado, de muerte y desaparición; “a pesar de que los ejidatarios han hecho diversas intervenciones a las autoridades competentes, entre ellas tres solicitudes urgentes al gobernador Manuel Velasco Coello, con fechas: 29 de enero, 4 de marzo y 24 de octubre del presente año, sin obtener respuesta”.
El Centro humanitario refirió que al memento se encentra en riesgo la integridad y la vida de las 67 personas amenazadas de ser desplazadas forzadamente del ejido Morelos; así como la violación de derechos a la familia desplazada quienes viven en Pactiúm, en condiciones precarias, negados sus derechos: a la salud, educación, vivienda y servicios básicos que garanticen una vida digna, como se estipula en instrumentos internacionales de carácter vinculante y ratificados por el Estado mexicano.
Se les exigió al gobierno de Manuel Velasco que atienda de manera urgente el retorno de la familia desplazada, las demandas de reparación del daño y se garantice y proteja la seguridad e integridad personal de las y los ejidatarios y familias amenazadas de desplazamiento forzado.
