(03 de febrero, 2014).- La mexicana Lucía Vega Jiménez fue detenida el 1 de diciembre de 2013 en Vancouver, Canadá, por no haber pagado su boleto del metro. Laboraba en un hotel de esa ciudad sin documentos migratorios y sería deportada a nuestro país. El día 20 del mismo mes, Vega Jiménez fue encontrada colgando de la regadera de un baño en el Centro de Detención del aeropuerto de Vancouver.
El día 28 de diciembre, Vega Jiménez, de 42 años de edad, fue desconectada de las máquinas que la mantenían con vida en el hospital Vancouver Mount St. Joseph, sin que hasta el momento autoridades de México y Canadá ofrezcan mayores detalles de su deceso. Al momento de su arresto fue entregada a la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos, CBSA, por sus siglas en inglés.
La organización No one is illegal (Nadie es ilegal) informó que aparentemente Lucía Vega, quien enviaba dinero a su familia en México, había solicitado asilo en Canadá, el cual le fue denegado por un Panel de Inmigración y Refugio, en 2010. Fue deportada y regresó a este país el año pasado.
La cónsul de México, Claudia Franco Hijuelos, dijo que se mantuvieron en contacto con Lucía, tanto personal como telefónicamente, y que ella tenía miedo de ser deportada por una “situación doméstica”. Ante tal situación, la diputada Amalia García afirmó el día de hoy que la integridad de la migrante mexicana era responsabilidad de las autoridades canadienses y su muerte debe ser esclarecida por las mismas, puesto que quedan muchas interrogantes sin respuesta.
Varios medios canadienses como el Vancouver Sun y The Globe and Mail han dicho que Vega Jiménez intentó suicidarse colgándose en una regadera, y el padre Eduardo Quintero –de la parroquia de la misma ciudad, Our Lady of the Sorrows (Nuestra Señora de Dolores), quien dio la extremaunción a Lucía–, dijo que de haber recibido ayuda de sus compañeros para acudir a su domicilio y tomar el dinero para pagar la fianza la tragedia se hubiera evitado. En entrevista para Radio Canadá Internacional, el religioso dijo que no hay transparencia en el caso por parte de las autoridades.
Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, señaló que “no es entendible que se haya quitado la vida por la inminencia de ser deportada, por lo que se debe conocer qué protocolos siguieron las autoridades canadienses en su detención, el trato que le dieron y las condiciones del lugar donde fue confinada”.
La diputada solicitó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envíe a un visitador de asuntos migratorios para esclarecer el caso de Lucía, pues el suicidio, como hasta el momento se ha considerado al caso, “no es del todo aceptable” al no conocerse algún otro caso reciente que se le parezca, en el que algún migrante connacional haya intentado quitarse la vida ante la posibilidad de ser deportado. “Es el primero y la comisión está preparando un oficio dirigido al gobierno de Canadá para conocer la versión oficial de lo que pasó”.
El pasado 31 de enero de 2014, No one is illegal convocó a una manifestación frente a las oficinas de la CBSA para que esclarezca la muerte de Lucía Vega. Tan sólo el año pasado, documenta este organismo, “9 mil migrantes fueron detenidos, incluyendo 289 niños”.
