Tras una fuerte controversia, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se encuentra revisando a detalle el proceso de su primer examen de admisión a nivel licenciatura en modalidad virtual, luego de recibir denuncias de aspirantes por anomalías y presuntas trampas durante la aplicación. Tras este escenario, la institución ordenó auditar los resultados y ya procedió con la cancelación de más de tres mil exámenes de jóvenes que violaron el protocolo de selección.
Como consecuencia de estas deficiencias en la supervisión, la UNAM podría imponer una sanción económica de hasta cuatro millones 180 mil pesos a Territorium Life S.A.P.I. de C.V., la empresa proveedora de la plataforma Lock Down Browser.
De acuerdo con el contrato obtenido vía transparencia por El Sol de México, la sanción equivale al 10 por ciento del monto total invertido este año (41.8 millones de pesos) para evaluar a 158 mil 413 aspirantes. Esta pena convencional aplicará si las autoridades comprueban que existió dolo o negligencia en el control de vigilancia o ante cualquier posible filtración del banco de reactivos.
Para garantizar la transparencia del proceso, el contrato exigía a la compañía el cumplimiento estricto de 16 cláusulas de seguridad, cimentadas principalmente en herramientas de Inteligencia Artificial (IA). La tecnología debía operar de manera automatizada y en segundo plano, rastreando comportamiento sospechoso en tiempo real para generar alertas inmediatas ante cualquier tipo de anomalía detectada durante la prueba.
Control de uso de IA y monitoreo constante entre los parámetros solicitados por la universidad
Entre las directivas técnicas exigidas a Territorium Life destacaba el monitoreo constante de audio con micrófono abierto para inhibir susurros, así como el bloqueo estricto de dispositivos externos, segundos monitores, comandos de teclado para capturar pantalla y herramientas para copiar y pegar.
Asimismo, el sistema debía impedir la apertura de navegadores web o plataformas avanzadas como ChatGPT, notificando de inmediato si el estudiante perdía la vista del recuadro de la cámara o si ingresaban terceras personas al espacio de evaluación.
El esquema de supervisión no dependía de manera exclusiva de los algoritmos de IA. La UNAM estipuló en el acuerdo la presencia de un supervisor humano por cada 150 aspirantes, desplegando un total de 74 aplicadores para revisar las banderas rojas emitidas por la plataforma y determinar la anulación de los exámenes.
La cifra contrasta significativamente con el operativo presencial del año previo, en el que se movilizaron tres mil 732 trabajadores con una nómina logística de 26 millones de pesos.
Respecto al resguardo de las preguntas y respuestas, la UNAM responsabilizó jurídicamente a la empresa proveedora a partir del momento en que la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativo (Ceide) cargó las versiones definitivas ante notario público y personal de Auditoría Interna.
Territorium asegura que el plan establecido para e, examen se cumplió
El documento contractual exigió esquemas de cifrado avanzado durante el procesamiento y almacenamiento de la información, haciendo a Territorium Life acreedora a consecuencias legales y penalizaciones directas si se confirma la fuga de cualquier contenido.
La UNAM justificó la implementación de esta evaluación remota bajo el argumento de que permitiría extender la cobertura geográfica del proceso de admisión, aligerar la carga económica de traslado para los aspirantes procedentes del interior de la República y aminorar la huella ecológica provocada por la impresión de materiales masivos.
Al ser consultada por la prensa sobre estas revisiones contractuales y los reclamos de los postulantes, la firma Territorium declinó dar comentarios sobre los procedimientos internos de la universidad. No obstante, la compañía sostuvo a través de un correo electrónico que la plataforma tecnológica operó con normalidad y conforme a lo planificado durante todo el proceso de evaluación.
