(26 de octubre, 2014).- A pesar de que los dos principales candidatos presidenciales en Uruguay han manifestado dudas sobre la ley de legalización de la mariguana impulsada por la administración de José Mujica, la firma Insight Crime señaló que “si bien las declaraciones de los candidatos pueden sonar alarmantes para los defensores de la reforma de la políticas de drogas, la retórica puede tener más que ver con el deseo de ganar más votos que con la intención de cambiar significativamente la ley”.
“Las declaraciones de ambos candidatos no son más que típica politiquería en la antesala de las elecciones del 26 de octubre, y no significan que la ley vaya a ser modificada, y mucho menos derogada, en el corto plazo,” agregó Geoffrey Ramsey, investigador de Open Society Foundations al análisis de la organización.
Y es que el pasado 22 de octubre, el candidato presidencial del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, insistió en que ser ser elegido en las elecciones del 26 de octubre modificaría la legislación de la mariguana en Uruguay y que se “desharía de las disposiciones que permiten al gobierno establecer un mercado regulado” de la cannabis, sin embargo, donde los ciudadanos puedan seguir cultivando para uso personal y poder obtenerla en los llamados “clubes cannábicos”.
Una semana antes, el ex presidente Tabaré Vázquez, se refirió a la venta de mariguana como algo “insólito”, señalando que estaría abierto a reformar la legislación; asimismo, también ha ofrecido usar el registro de cultivadores y consumidores de mariguana en Uruguay para ofrecer tratamiento médico. Hasta el momento los resultados electorales favorecen a Vázquez con un punto porcentual sobre Lacalle, lo cual, según Insight Crime, es una señal de una segunda vuelta probablemente celebrada a finales de noviembre.
“Bajo la legislación actual -que ha sido impulsada por el presidente José Mujica, quien no es elegible para postularse a la reelección- las empresas compiten para ganar licencias del gobierno y así poder cultivar marihuana con fines comerciales, para la venta en las farmacias. Además, la legislación exige la creación de un registro del gobierno para monitorear el número de personas que cultivan la droga para el consumo personal. Según Infobae, actualmente hay seiscientos productores registrados en el país”, indica la organización que analiza el crimen organizado de América Latina.
Y finaliza: “Como la primera de su tipo, no es sorprendente que la ley de la marihuana de Uruguay haya enfrentado importantes contratiempos. Es probable que el éxito -o el fracaso- de la legislación desempeñe un papel importante en la reforma de la política de drogas regional, mientras otros países evalúan el controvertido experimento de Uruguay”.
