(11 de marzo, 2014).- En el marco de la presentación del informe “Uso de la Prisión Preventiva en las Américas”, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrés Aguirre Aguilar, tercer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), habló de la situación que enfrenta México con respecto al excesivo uso de la detención preventiva.
En su participación señaló que lo escrito en las legislaciones, no se cumple en los hechos; existe en la Constitución Mexicana un marco jurídico que contiene el respeto de los derechos humanos, pero en la práctica éste no se cumple. La situación llega al punto de que en el sistema penitenciario mexicano los victimarios son, a su vez, víctimas del sistema penitenciario, pues constantemente se violan sus derechos humanos. Esta consecuencia de la impartición de justicia mexicana se convierte en una problemática que debe ser atendida por los tres órdenes de gobierno, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Además se apuntó que, a pesar de los avances en materia legislativa, la operatividad del sistema penitenciario presenta múltiples deficiencias, entre ellas la forma en que se llevan a cabo los procesos penales, específicamente en el uso de la detención preventiva donde, al interior de los reclusorios, no existe una división entre procesados y condenados.
Como dijo el Comisionado James La Cavallaro, relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, en América Latina se vive un problema estructural en lo tocante al respeto y las garantías de los derechos de las personas privadas de su libertad.
Entre las violaciones a derechos humanos en esta materia se encuentran el retardo de los procesos penales, la falta de asesorías legales aunado a que los fiscales y jueces suelen ordenar la detención de personas, presuntamente culpables de algún tipo de delito penal, dejando de lado el derecho de presunción de inocencia, una garantía procesal, contenido en el artículo 11 de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que dicta: “Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.
Para el estudio llevado a cabo por la Comisión, se evaluó la prisión preventiva en 15 Estados latinoamericanos, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En promedio se tiene que la población de personas encarceladas sin condena representaron entre el 20 y el 84%, en el 2012.
Hasta el 31 de julio de 2012, en Chile había 53 mil 171 personas detenidas, de las cuales, 10 mil 823 (20.4%) se encontraban en calidad de detenidos o procesados sin sentencia, y 42 mil 348 (79.6%) con sentencia firme. El otro caso es el de Bolivia, que hasta octubre de 2012, 13 mil 654 personas se encontraban privadas de su libertad; 11 mil 410 (84%) en prisión preventiva; y dos mil 244 (16%) sentenciados.
La senadora perredista Angélica de La Peña, exhortó al Comisionado James Cavallaro a ofrecer un panorama de la realidad mexicana y su sistema penitenciario, así como una estampa de los reclusorios en nuestro país. “Hemos conocido cómo se mueven algunas prisiones y es dramático de repente no saber quiénes son, salvo por el color de uniforme que tienen: caqui procesados y sentenciados de color azul. Pero de repente nos llama la atención la gran cantidad de uniformes caqui que nos encontramos en las cárceles […]. Es de verdad de llamar la atención que haya una parte muy significativa de bagatelas jurídicas. Es absurdo que por bagatelas jurídicas sigan, haya personas que tengan que purgar [tiempo en la cárcel], sopesar sobre sus vidas privaciones de libertad de más de seis años. Es algo verdaderamente patético”, señaló la legisladora.
En conclusión, los participantes de la presentación del informe “Uso de la Prisión Preventiva en la Américas”, además de los antes señalados, la diputada Miriam Cárdenas Cantú; la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Ángeles Fromow; del Open Society Justice Iniative, Martin Schönteich y Javier Carrasco, de la Red para la Justicia Previa al Juicio, división América Latina; demandaron el derecho de presunción de inocencia por el elevado índice de procesados recluidos en las cárceles de la región.
