(12 de agosto, 2014).- A sólo una semana de que se aprobara la #LeyMordaza en el estado de Sinaloa, cuya aplicación implicaría efectos negativos en la libertad de expresión; ahora en Nuevo León, gobernado por el priista Rodrigo Medina, un nuevo reglamento impedirá a los medios de comunicación cubrir noticias relacionadas con la delincuencia organizada.
Este reglamento está inscrito en el catálogo del nuevo sistema penal acusatorio, aplicable en el 2015, el cual impedirá tomar fotografías o video en escenas donde se haya cometido un crimen, pues, con base en la reforma al sistema penal federal, todos los implicados en un posible delito, serán “presuntos inocentes” y no “presuntos culpables”.
Así lo confirmó el presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso estatal, Francisco Cienfuegos.
La dependencia a su cargo, que, según medios locales, tendrá que definir el método para informar sobre hechos delictivos, ya sea mediante boletines, como se hace en otros estados, o en ruedas de prensa, impedirá, en hechos relacionados a crímenes o acciones de la delincuencia organizada, que tampoco se filtre información.
Con base a una entrevista que publicó el periódico Milenio de Monterrey, esta disposición señala que:
“Todos los delitos tipificados en el Código Penal entrarán en esa suposición (…) para dar protección a las personas que estén vinculadas con un delito.
“Un caso hipotético es cuando llegan los medios de comunicación a una escena donde hubo un choque; hay personas que perdieron la vida o tienen lesiones graves (…) Entonces se empieza a presumir la culpabilidad de una persona, cuando el nuevo sistema dice que es inocente.
“No sabemos si la persona que está detenida es la que manejaba, tal vez el conductor se fugó y tomamos (fotografías y video) de otra persona como si fuera la culpable, cuando es testigo o copiloto”, detalló Cienfuegos.
Cabe recordar que, a finales de julio del 2014, en Sinaloa, una entidad que sólo en este año ha registrado 945 homicidios, recientemente, su gobernador, Mario López Valdez, promovió una legislación que sólo posibilitaba la cobertura de hechos relacionados con el crimen, a través de boletines emitidos por la Unidad de Acceso a la Información Pública y autorizados por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La reforma también contempla que los funcionarios de la PGJE deban recibir aval del procurador para hacer declaraciones ante la prensa. Únicamente las víctimas, a través de sus abogados, podrán tener acceso a los registros de la investigación.
Por su parte, de acuerdo al Instituto de Economía y Paz (IEP) para México, el 93 por ciento de los homicidios que se cometen en Nuevo León no es procesado. Ahí, durante los últimos años, se ha desatado la violencia ante el enfrentamiento de organizaciones como el Cártel del Golfo, Cártel de Sinaloa y Los Zetas, por lo que se especula la reducción de las cifras por parte del gobierno de Medina.
En parte, durante los años 2010 a 2013, donde repuntaron los mayores índices de violencia registrados en la entidad, disminuyeron considerablemente las inversiones. Precipitaciones que, en abril de este año, se calcularon en un 11 por ciento.
