(14 de agosto, 2014).- La reciente aprobación de la reforma en materia de Telecomunicaciones en México abrió un nuevo debate en la sociedad mexicana: la seguridad en internet, la posibilidad de que se extienda un espionaje masivo en redes sociales, la neutralidad de la red y la censura. Sin embargo, estos tópicos no podrían entrar en el centro de la polémica sin considerar que, algunos de estos aspectos, ya son vulnerados a través del uso de redes sociales.
Para el periodista Carlos Miguélez, también académico de la Universidad Complutense de Madrid, sostiene que aún sin acuerdos en los que se sustente el espionaje y la censura legal, mediante estas nuevas herramientas tecnológicas, los gobiernos usan la información privada para fines de control: “las redes sociales las controlan grandes corporativos, no son libres de intereses”.
“Para comunicarnos tenemos que hacerlo por redes que no controlamos: Faceebok, Twitter, Google. El funcionamiento de Google, lo que aparece, lo que no aparece en las búsquedas es brutal. El peligro de todo esto es creer que somos más libres de lo que realmente somos: parece que puedes decir lo que quieras en las redes sociales pero lo importante es quién te va a leer”, sostuvo en entrevista con la revista Contralínea.
Además, el periodista de 33 años de edad, refiere que los gobiernos y las empresas que tienen a su alcance esa tecnología deciden qué se comunica y qué no en función de sus intereses nacionales y de seguridad. “Y para ello tienen carta blanca, por [medio de] edictos presidenciales, para espiar”. Eso es algo que sobrepasa legislaciones como la Telecom, la firma de la llamada “Ley Sopita” (en congeladora) o la existencia de centros de control y espionaje instrumentados por la Secretaria de Seguridad Pública.
De hecho, estas formas de gobierno electrónicas, cuyo diseño proviene de acuerdos comerciales o la existencia de servidores en países como Estados Unidos, tanto mandatarios y políticos como compañías trasnacionales, no van a controlar ahora las redes sociales y la información, sino que ya lo hacían y lo hacen de tiempo atrás.”
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Cabe recordar que en México existen varias iniciativas análogas como la Stop Online Piracy Act (SOPA), la Protect IP Act (Pipa) y el Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), por cierto, muy antipopulares en aquel país: una de ellas es, la llamada “Ley Sopita” y la adhesión al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. Ambas, incluyen cláusulas que, bajo la protección a derechos de autor, permiten la vigilancia y censara de contenidos en la red.
Ambos, por ejemplo, fue unos de los puntos en tensión, cuando se dio a conocer que el gobierno mexicano ordenó la desactivación del sitio 1DMX, cuyo contenido está relacionado con la represión que padeció la capital del país, el primero de diciembre del 2012, cuando asumió la presidencia Enrique Peña Nieto.
¿Qué quiere hacer este tratado que incluye a México y otros 12 países?
1. Que los gobiernos trabajen para velar por los intereses de las empresas.
2. Con la firma de este tratado, el Estado está obligado incluso a cambiar sus leyes, lo cual, pondría encima los derechos de una disquera a los de sus ciudadanos.
3. No se podría transmitir contenidos televisivos por internet sin la autorización de las televisoras.
4. Para facilitar su cumplimiento, sancionarán a la empresa de hosting que lo permita, convirtiéndolos en sus vigilantes.
5. Se castigará a los proveedores del servicio de internet, facilitando el control.
6. Automatizarán la vigilancia.
7. Se premiará a quien de información de infractores y a los proveedores que cumplan con las disposiciones.
¿Qué pretende la ley sopita?
1. Tener el poder para perseguir a quien incumpla las normas de derechos de autor.
2. Obligar a los proveedores de internet a vigilar a sus clientes y suspender su servicio en caso de que violen la ley.
3. Recabar los datos personales de los usuarios de internet para facilitar el control.
4. Multas que irán de $1,913 – $2,108, según la zona, hasta $1,275,400 – $1,345,800
5. Castigar con cárcel de 6 meses a 6 años, por compartir o descargar obras protegidas con derecho de autor.
Esto quiere decir que puedes acabar en prisión, o tener que pagar una multa por un compartir un meme, bajar una rola o por transmitir una serie en internet.
