En 2011, una menor fue violada por 7 hombres, sin embargo a pesar de que se levantó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) y el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos HUmanos, hasta la fecha las autoridades no han enjuiciado a los culpables y la carpeta de investigación esta “estancada”.
De acuerdo con la madre de la víctima María Cristina N, al día de hoy la siguen amenazando para que deja la denuncia que inició hace 8 años; motivo por el que espera que la nueva administración estatal la apoye.
Fue el 17 de junio de 2011 que los padres de la víctima dejaron a sus hijos al cuidado de su trabajadora doméstica. Al filo de media noche, siete hombres entraron a la casa para robar el inmueble, pero aprovecharon para golpear y abusar sexualmente de la entonces menor de edad.
Entrevistada para El Sol de Puebla, María compartió que el ex fiscal Víctor Carrancá nunca quiso atenderla, y quedurante el tiempo que estuvo al frente de la dependencia no detuvo a ni uno solo de los atacantes. Lo anterior pese a que la menor identificó a uno de los violadores de nombre Roberto “N” quien al parecer era el líder del grupo.
“Fue una tragedia terrible, estoy hablando del 2011, la noche del 17 de junio; siete sujetos entraron a mi casa y lastimaron a mi hija menor que entonces sólo tenía 15 años. Se llevaron documentos valiosos, muchos muebles, pero la tragedia real fue la agresión sexual hacia mi niña”
Declaró que pese a que el sujeto fue detenido, días después lo dejaron en libertad, lo que señala la hizo pensar que contaba con protección de las mismas autoridades. En este contexto, aunque recibió apoyo de diputados y figuras públicas, nunca vio avances en la investigación.
Por ello, tuvieron que contratar a un investigador privado, el cual, les brindó información de la relación que tenía uno de los violadores de su hija con las autoridades que llevaban el caso; y al ver que eran personas “con poder” solicitaron el apoyo de organismos internacionales.
Fue en 2015 que un grupo de personas ingresó al hospital donde trabajaba su esposo y lo amenazaron con asesinaron por “seguir con lo mismo”, lo que le ocasionó un ataque cardíaco y perdió la vida.
Por todo lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Congreso de la Unión y el Vaticano retomaron su caso, sin embargo llegaron a una misma conclusión: podrían apoyar a su familia con refugio y hacer recomendaciones al Gobierno de Puebla, pero no hacer que las autoridades enjuiciaran a los delincuentes.
“Varias organizaciones internacionales llevan mi caso, porque necesito protegerme y conservar la vida de mis hijos. Ahora espero que haya ayuda del próximo gobernador, ya que he tocado todas las puertas y nadie puede garantizarnos seguridad en mi estado, en mi país o en mi propia casa. Me sugieren que me vaya, pero para eso se necesita dinero, el cual no tengo, en nuestro país parece que tiene justicia el que tiene poder económico o quien tiene puestos importantes”, dijo.
Finalmente dijo que esta situación ha hecho que pierda amigos y hasta familiares, pues le han señalado que deje que se congele el caso, pero ella y su hija creen que debe de haber un culpable por lo ocurrido.
Aunque su hija sigue con miedo, María Cristina señala que es una mujer valiente ya que le ha dicho que seguirá en la búsqueda de justicia y que no permitirá “que la vuelvan a tocar”.
ccca.
