Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de considerar que la corrupción es “un delito grave”, las investigaciones penales contra funcionarios se incrementaron 65% a nivel nacional.
En diciembre, primer mes de la actual administración, “se iniciaron mil 54 carpetas por delitos cometidos por servidores públicos, cifra que en mayo aumentó a mil 742 indagatorias, revelan datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, ha informado Excélsior.
De acuerdo a ese medio, “esta alza representa el mayor número de investigaciones iniciadas para cualquier mes desde 2015. Además, se registró luego de que en abril se declaró la constitucionalidad de la reforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa”.
En mayo se iniciaron mil 742 carpetas de investigación, es decir unas 56 diarias, de acuerdo con cifras oficiales. Ya considerada la corrupción como un delito grave, las denuncias penales contra funcionarios se han disparado 65% a nivel nacional.
“En mayo pasado se iniciaron mil 742 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos. En diciembre, primer mes de la actual administración, sumaron mil 54 indagatorias”, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El dato de mayo es el mayor para cualquier mes desde 2015 y representa un promedio de 56 investigaciones iniciadas al día en todo el país.
“El 4 de abril, el Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma al artículo 19 de la Carta Magna.
“El ajuste amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos robo de hidrocarburos, feminicidio, corrupción y delitos electorales. Justo después de esta declaratoria se registra el alza en las denuncias”.
Aunque el SESNSP no especifica cuáles son los delitos por los que se iniciaron procesos, el Código Penal Federal detalla que “se les pueden imputar entre otros, el ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas, uso indebido de atribuciones y facultades, intimidación, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito”.
El combate contra la corrupción que ha emprendido el presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzó a tres funcionarios que fueron contratados por Pemex, pues están presuntamente involucrados en contratos con universidades. Y pidió en enero pasado que fueran separados de sus cargos.
“La Función Pública inició una investigación sobre los antecedentes de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director Producción y Exploración; Héctor Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial, y Luis Galván, gerente de Operación y Control Financiero de la empresa del Estado.
“En junio pasado, la Fiscalía General de la República dijo que no encontró elementos de prueba en contra de Lozada Aguilar”.
También, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que en el primer trimestre del año denunció a ocho funcionarios ante el Ministerio Público (MP).” Dos de ellos por el delito de contrabando; laboraban en aduanas”, señaló el mismo medio.
“En el caso del combate al huachicoleo, el general Eduardo León Trauwitz y otros militares fueron denunciados por presunta delincuencia organizada para robo de hidrocarburos, acusación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Un juez otorgó una suspensión provisional al militar y exsubdirector de Salvaguardia en Pemex para que no fuera detenido, pero el 22 de junio se conoció que quedaba sin efecto. Su abogado dice que está fuera del país”.
