Foto: El Nuevo Diario
(18 de noviembre, 2013).-El pasado 23 de agosto del 2012, en Managua, Nicaragua, un total de 18 ciudadanos mexicanos fueron detenidos y sometidos a investigación ya que circulaban en seis camionetas con rotulación de la empresa Televisa y portaban en ellas paquetes de dinero en efectivo por más de nueve millones de dólares.
Esta situación dio como resultado una serie de sospechas que hasta el día de hoy no se han aclarado y, en el medio, desató una guerra mediática entre la periodista, Carmen Aristegui y la empresa propiedad de Emilio Azcárraga, ya que la comunicóloga dio un seguimiento a la situación de este hecho.
Tras estas detenciones, Televisa negó en su momento que fueran parte de su nómina los detenidos, declarando que “No es personal nuestro. Tenemos conocimiento de esta situación desde hace dos días y hemos colaborado con las autoridades mexicanas. Televisa no tiene corresponsales ni envió grupo alguno a realizar ninguna cobertura. No hay ninguna relación.
Varias semanas después, el juez Julio César Arias señaló el 3 de diciembre como la fecha para que diera inicio el proceso jurídico contra los 18 mexicanos detenidos, por lo que éstos fueron sometidos a un juicio oral y público bajo los cargos por delitos de crimen organizado, lavado de dinero y tráfico internacional de drogas, tras ser aceptadas las pruebas en su contra.
Con la continuación del proceso, Televisa negó que los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua y las seis camionetas rotuladas con los colores y logotipos de la televisora mexicana -retenidas por la Policía Nacional de ese país- estén relacionados con la empresa.
A este caso se fueron sumando más involucrados, como Adriana Sara Cruz Mendoza, quien era operadora de control vehicular de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi) del Gobierno del Distrito Federal, y señalada como una de las cuatro probables responsables del delito de registro de camionetas a nombre de la empresa. Ella señaló que “las personas que realizaron el trámite de registro presentaron aquí documentos originales y dos copias”.
Televisa reiteró que era falsa la documentación con la que fueron registradas ante la autoridad vehicular del Distrito Federal las seis camionetas tipo van, afirmando que el poder notarial con el que la empresa acredita a sus gestores para realizar trámites “presumiblemente” fue sustraído de los archivos de la Setravi.
En abril pasado, la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), inició la audiencia de apelación de los 18 mexicanos sentenciados en Nicaragua por tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero, ya que se argumentó que se violaron los derechos humanos de los acusados debido a que fueron retenidos desde el 20 de agosto del 2012 y no el 23 como informaron autoridades locales, además de que en la sentencia del juez Edgard Altamirano no se especificó el grado de participación de cada uno.
Ante esto, la Fiscalía General de Nicaragua anunció que carecía de suficientes elementos de prueba para determinar la relación de más mexicanos en el caso del grupo de 18 narcotraficantes sentenciados a 30 años de cárcel. A falta de “evidencias concretas”, el Ministerio Público resolvió “archivar temporalmente” las investigaciones al respecto.
Dentro de las acciones que han ocurrido con este caso, la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones Managua redujo a la mitad las condenas de más de 30 años impuestas a los mexicanos cuando transportaban 9 millones de dólares en efectivo, por lo que la sentencia disminuyó de 20 a 18 años la pena para los líderes en cuanto a tráfico de drogas. En el caso de los delitos de lavado de dinero y crimen organizado, los cabecillas deberán pagar una pena de siete años.
Actualmente se está discutiendo si los 18 mexicanos presos en Nicaragua por vínculos con el narcotráfico cumplen su condena en Centroamérica o en México, a raíz del anunció del magistrado Manuel Martínez, miembro del Consejo de Administración y Carrera Judicial (CACJ) y de la Sala Constitucional.
También se ha señalado que la líder del grupo, Raquel Alatorre, alegó tener vínculos con el presentador de noticias de TV Azteca, Javier Alatorre. Tras esto, la abogada defensora Amy García declaró a medios locales de Nicaragua que la decisión de enviar a sus representados de regreso a México podría ser perjudicial para ellos.
