Por José Luis Ramos Colín
(21 de septiembre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La organización civil Documenta, presentó el informe “Hacia un sistema de justicia incluyente. Proceso penal y discapacidad psicosocial”, escrito por Diana Sheinbaum y Sara Vera. Ésta indagación busca brindar una visión general acerca las trabas que tienen que enfrentar las personas con discapacidad psicosocial dentro del sistema de justicia de la Ciudad de México.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México más de 5 millones de personas tienen alguna discapacidad, de ese total el 8.5% corresponde a personas con una discapacidad psicosocial e intelectual.
Cabe mencionar que una discapacidad psicosocial es aquella que impide a una persona interactuar con la sociedad de forma políticamente correcta, en tanto que una discapacidad intelectual, es un término que refiere la inhabilidad de una persona para aprender a los niveles que se esperan durante la vida cotidiana.
Cuando las personas que padecen una discapacidad psicosocial e intelectual se ven inmersas en alguna situación que los enfrente al sistema de administración de justicia de nuestro país, se ven expuestos a una serie de violaciones sistemáticas hacia a sus derechos humanos.
A nivel federal, la institución penitenciaria que está a cargo de estos casos es el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, mientras que en el caso del Distrito Federal, son el Centro Varonil de Readaptación Psicosocial (CEVAREPSI) y el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan.
En México hay 4,476 internos con problemas mentales, lo que representa el 1.7% del total de la población carcelaria del país; el 8.2% (366) son mujeres; 1,059 de estos casos, se han declarado a inimputables. Llama la atención que, la mayoría de estas personas está presa por robos menores a cien pesos.
Cuando se acusa a una persona con discapacidad psicosocial o intelectual de perpetrar un delito, generalmente es procesada y sentenciada como inimputable, esto significa que se le considera como un individuo que no tiene la capacidad de entendimiento acerca de ningún carácter lícito o ilícito.
Lo anterior refiere que hay una grave ignorancia en cuanto lo que implican las discapacidades psicosociales e intelectuales, y también, es el comienzo de un gran número de violaciones a los derechos humanos de estas personas. Al negar específicamente el reconocimiento de la capacidad jurídica y el derecho a un debido proceso; la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia son soslayados con impunidad.
Diana Sheinbaum, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO, que las principales violaciones a los derechos humanos en estas situaciones, corresponden también a la criminalización y privación de la libertad por motivos de discapacidad.
“Las violaciones a los derechos humanos comienzan con falta de un debido proceso de acceso a la justicia y condiciones de igualdad, no hay reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, también hay una violación a la integridad física y mental, dado que hay tratamientos médicos forzosos, además de la criminalización de la discapacidad, o la privación de la libertad por motivos de discapacidad” Dijo Sheinbaum.
Por otra parte, refirió que las personas que administran los sistemas de justicia deberían estar capacitadas en términos de los derechos humanos para dar un trato digno a las personas con discapacidad, “en el caso de los custodios que están en trato directo con las personas con discapacidad psicosocial en prisión, deberían tener manejo de crisis, y una serie de cosas más técnicas”, sentenció.
Añadió que hay datos impactantes que reflejan la falta de capacitación en el sistema penitenciario, como es el caso de las medidas disciplinarias, “es impresionante que en el sistema penitenciario del DF hay un promedio de 30 medidas disciplinarias por cada 100 internos, mientras que en el CEVAREPSI se va a 67 medidas disciplinarias por cada 100 internos, éstos internos reciben más del doble de medidas disciplinarias, esto quiere decir que no existe un reconocimiento de las implicaciones de la discapacidad”, puntualizó.
Desde 2007 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), exhorta al Estado mexicano a cambiar de paradigma para eliminar las diversas aristas en materia de discriminación. Se espera que en la próxima elaboración de la constitución de la Ciudad de México se incluyan modificaciones que permitan un sistema de justicia más incluyente, pues se sabe, que en el borrador ya se han insertado una serie de reformas para reducir las brechas de igualdad.
