(03 de julio, 2014).- Mientras en México se pacta y aprueba una reforma en telecomunicaciones que empodere aún más el duopolio televisivo y se busca imposibilitar la labor de las radios comunitarias en cuanto a la democratización de los medios de comunicación; en Uruguay, el Movimiento de Radios Comunitarias lleva 20 años desarrollándose.
Este tipo de medios, que en sus inicios la prensa hegemónica se encargó de tachar de ilegales, clandestinos o piratas, ha podido perdurar a través de su esfuerzo por conseguir una comunicación participativa, de gestión colectiva, de inclusión de la diversidad y la pluralidad.
La Ley de Radiodifusión Comunitaria (18.232) se logró en Uruguay en el 2007, y se ha vuelto un referente significativo en cuanto a la regulación de comunicación y la configuración de discursos alternativos; no sólo para el interior del país, sino para toda América Latina.
Dicha ley dio origen al Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC), creado con la intención de ser un mecanismo transparente de participación ciudadana, para la elaboración, toma de decisiones, ejecución y continuidad de las políticas relacionadas a esta materia.
De esta manera, la sociedad uruguaya ha alcanzado una importante madurez cívica con la que se han podido consolidar los cimientos para una democracia real. Leyes aprobadas en el Parlamento han sido derogadas, artículos de la Constitución han sido modificados, gracias a la manifestación de la opinión ciudadana por medio de las urnas y la organización civil.
Entre los ejemplos recientes, destaca la comisión “Tacuarembó por la Vida y el Agua”, integrada por productores rurales, periodistas, trabajadores e incluso empresarios, que se encargó de conseguir las firmas necesarias para prohibir el desarrollo de actividades mineras, específicamente la extracción de metales a cielo abierto en el departamento que le da nombre a dicha comisión.
Probablemente sea aquí donde se pueda explicar lo “inconveniente” o “incómodo” que le resultaría al gobierno mexicano la conformación y despliegue de radios comunitarias en el país. Comunicación democrática implica una sociedad informada, organizada, con capacidad para reaccionar y movilizarse ante los abusos o inconsistencias del sistema político, para defender sus legítimos derechos, para hacer todo lo que, tal vez, a Peña Nieto no le conviene que el pueblo pueda hacer.
