Ante la indignación generalizada y las crecientes denuncias de corrupción en el primer concurso de selección virtual, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, se vio obligado a ordenar la integración de una comisión técnica para revisar los sospechosos resultados del examen de ingreso a licenciatura para el ciclo 2026-2027.
El proceso a distancia, implementado por la burocracia universitaria, derivó en un escándalo que dejó fuera a miles de aspirantes legítimos.
La Máxima Casa de Estudios reconoció indirectamente el colapso de su sistema al confirmar que existieron «prácticas ilegales».
Empresas fraudulentas lucraron abiertamente con la necesidad de las familias vendiendo servicios para hacer trampa en la prueba virtual, lo que obligó a la institución a presentar una denuncia penal ante las autoridades el pasado 3 de julio.
La vulnerabilidad del examen digital provocó un incremento inusual en el porcentaje de aciertos mínimos requeridos en diversas carreras, beneficiando la astucia del fraude por encima del conocimiento real.
La rebelión de los rechazados: Exigen examen presencial
La simulación digital de las autoridades universitarias encendió la movilización juvenil, obligando a Rectoría a abrir mesas de atención para revisar exámenes y cancelaciones arbitrarias:
- Marcha en puerta: Aspirantes excluidos convocaron a una movilización pacífica el próximo lunes 27 de julio a las 11:00 horas, partiendo del Metro CU hacia la Biblioteca Central.
- Consigna clara: Bajo el lema «¡Que se evalúe el conocimiento, no la astucia de hacer trampa!», los jóvenes exigen transparencia inmediata.
- Retorno a las aulas: La demanda central de la protesta es la abrogación definitiva de la modalidad virtual y el regreso del examen presencial.
Un análisis independiente realizado por un programador, que comparó las bases de datos de los últimos seis años, encendió las alertas al demostrar alteraciones drásticas y comportamientos atípicos en los puntajes de este año.
Aunque la UNAM prometió que la nueva comisión de expertos evaluará con «rigor académico» los factores que afectaron el desempeño, la comunidad estudiantil desconfía de los mecanismos internos y exige una auditoría externa que devuelva la equidad y la transparencia al proceso de admisión popular.
