En un fallo que expone a nivel internacional las prácticas de impunidad y el modus operandi del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego, un tribunal de apelaciones del Reino Unido determinó que el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra incurrió en un grave «abuso del procedimiento judicial».
Los magistrados británicos calificaron como una «afrenta a la justicia» y «una forma de corrupción» el uso de la agencia de espionaje privada Black Cube para infiltrar y grabar ilegalmente a los abogados de su contraparte.
El tribunal, encabezado por el juez Stephen Houseman, sepultó la estrategia jurídica del multimillonario tras demostrarse que agentes de la firma de inteligencia engañaron al abogado defensor durante una cena con alcohol para extraerle información confidencial y obtener ventaja en el litigio.
Aunque la demanda civil de Salinas Pliego en suelo británico podrá continuar su curso, el fallo representa un demoledor revés moral y legal para el evasor fiscal, evidenciando ante cortes internacionales que sus presiones y trampas procesales no tienen cabida en un verdadero Estado de derecho.
El origen del millonario fraude corporativo
La batalla legal en los tribunales del Reino Unido expone las entrañas del capitalismo de compadrazgo y las disputas entre élites financieras.
De acuerdo con la información, Salinas Pliego dejó acciones de su principal distribuidora de electrodomésticos, Grupo Elektra, como garantía de un préstamo por 400 millones de dólares.
De esta manera, el empresario ucraniano Vladimir Sklarov, a través de la firma Astor Asset Management, vendió de forma irregular las acciones y se quedó con el dinero, engañando al magnate mexicano al simular que pertenecía a la dinastía histórica de los Astor.
Sklarov fue arrestado a principios de año en Chicago y permanece tras las rejas en Estados Unidos enfrentando cargos por fraude.
Cinismo corporativo y justificaciones
Fiel a su estilo de desacreditar las instituciones, el aparato de comunicación del oligarca mexicano intentó matizar el fallo judicial. Luciano Pascoe, portavoz principal de Salinas Pliego, aseguró cínicamente que las grabaciones clandestinas se obtuvieron «en pleno cumplimiento de la ley», una versión secundada por los portavoces de la firma Black Cube.
Sin embargo, la resolución de la corte inglesa fue tajante al señalar que la conducta de los demandantes no solo ensucia el proceso civil, sino que sus tácticas de espionaje corporativo y obtención de información privilegiada mediante el engaño «podrían constituir delitos penales», enviando un mensaje contundente contra el uso del poder económico para corromper la justicia.
