Dafne tenía 13 años cuando ingresó a la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Como cientos de adolescentes en México, su estancia en un campamento de verano buscaba promover en ella valores de disciplina, orden y acondicionamiento físico. Sin embargo, lo que sus padres esperaban que fuera una experiencia formativa concluyó en una morgue estatal.
La muerte de la menor encendió las alarmas locales y obligó al Gobierno de Tamaulipas a emitir un comunicado contundente: «no habrá impunidad». Por su parte, el fiscal general de Justicia del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que los estudios forenses ya permitieron establecer la causa de muerte por asfixia, pero evitó dar más detalles para no afectar el desarrollo de la investigación.
Mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJET) mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer las causas de su fallecimiento y deslindar responsabilidades penales, el caso de Dafne destapó una grieta estructural mucho más profunda que la tragedia de una sola familia: la existencia de un mercado desregulado de la disciplina castrense para menores de edad en México.
Un vacío legal: ¿Quién vigila a quienes «disciplinan»?
Cabe señalar que la muerte de Dafne no ocurrió en una instalación de las Fuerzas Armadas, sin embargo, se encuentra incorporada a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y de acuerdo al Sistema Integral de Información Educativa, imparte educación en nivel secundaria, además de ofrecer cursos de adiestramiento y campamentos de verano para niños y adolescentes.
En México, la proliferación de estos espacios, que van desde internados cívico-militarizados hasta campamentos de verano y centros de corrección conductual, ocurre en una «zona gris» regulatoria, dado que no existe un registro público nacional que contabilice cuántos campamentos o academias militarizadas privadas operan en el país.
Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) solo supervisa a aquellas instituciones que tramitan un Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Si un campamento opera únicamente como «adiestramiento extracurricular» o «asociación civil», escapa al control educativo tradicional.
Además, la mayoría de estos centros son dirigidos por exmilitantes o policías retirados. Sin embargo, no existe una norma técnica que les exija certificaciones en pedagogía infantil, primeros auxilios, psicología de la adolescencia o manejo de emergencias médicas en actividades de alto rendimiento.
La búsqueda del «orden» en un país convulso
Una de las preguntas más comunes en casos como el de Dafne se enfoca en por qué miles de familias mexicanas recurren a estos centros y si bien activistas han señalado que este cuestionamiento es revictimizante, la respuesta profunda puede encontrarse en un cruce de factores sociales y de seguridad.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), señaló a Milenio en 2025 que hay diversas hipótesis que explican el por qué las familias acuden a estos centros, sin embargo, ya en ese entonces la especialista señaló que ninguna es concluyente debido a que no se han realizado todos los estudios necesarios.
Como parte de estas hipótesis, especialistas han señalado que ante la escasez de servicios públicos accesibles para la atención de problemas conductuales o de salud mental en adolescentes, los padres ven en el modelo militarizado una solución rápida y definitiva.
Asimismo, en estados azotados por el crimen organizado, la instrucción militarizada puede percibirse erróneamente por algunas comunidades como un «escudo» o un antídoto para evitar que los jóvenes sean reclutados por la delincuencia.
A esto se suma que la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en tareas civiles durante la última década ha reforzado en el imaginario colectivo la idea de que la severidad y el castigo son los únicos métodos eficaces de formación.
El riesgo de la coerción en la infancia y adolescencia
Desde la perspectiva de los derechos de la infancia, el modelo de los campamentos militarizados privados se enfrenta directamente con el marco legal constitucional e internacional. Organizaciones como REDIM y pronunciamientos del Comité de los Derechos del Niño de la ONU han advertido reiteradamente sobre los peligros de someter a menores a regímenes de adiestramiento físico coercitivo:
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece en su Artículo 105 la prohibición estricta del uso del castigo corporal, los tratos crueles, inhumanos o degradantes como métodos de disciplina o corrección.
En campamentos sin supervisión de la Secretaría de Salud o del Sistema DIF, la frontera entre la «disciplina estricta» y el maltrato físico o la negligencia médica suele desdibujarse con facilidad. El ejercicio físico extremo bajo altas temperaturas, la privación de descanso o la demora en la atención médica de urgencia son riesgos latentes cuando no existen protocolos supervisados por autoridades civiles.
El esclarecimiento de la muerte de Dafne en Ciudad Madero es una prueba de fuego para las autoridades judiciales de Tamaulipas. Sin embargo, determinar las responsabilidades penales directas de este caso particular solo atenderá un síntoma del problema.
Mientras las autoridades estatales y federales no establezcan un marco regulatorio estricto, una supervisión periódica de estos campamentos y un padrón claro de quiénes están a cargo de la integridad física de los menores, la promesa de «no impunidad» seguirá llegando demasiado tarde.
