Bajo el argumento de un presunto incumplimiento en las cláusulas laborales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la administración de Donald Trump justificó la imposición de un arancel del 10 por ciento a las importaciones de sus dos socios comerciales. Sin embargo, la medida abre un severo cuestionamiento sobre la unilateralidad de Washington, pues admite tomar estas decisiones punitivas sin realizar inspecciones de campo ni presentar metodologías transparentes sobre el terreno.
En entrevista para CNN en Español, realizada desde la capital mexicana en el marco de las nuevas rondas de negociación sobre el futuro del acuerdo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, endureció la postura de su país al recordar el origen de estas exigencias:
“En 2018, al renegociar el TLCAN, una de las nuevas disposiciones que obligamos a Canadá y México a adoptar fue la prohibición del trabajo forzoso. Así pues, en el T-MEC, les obligamos a hacerlo. Unos años después, nos hemos dado cuenta de que no lo están aplicando, por lo que también se les incluye en esta acción”, aseveró Greer.
Unilateralidad y falta de rigor metodológico
Desde el pasado viernes, México y Canadá enfrentan este gravamen del 10 por ciento, el cual sustituye a las tasas de idéntico monto aplicadas desde febrero. No obstante, la narrativa oficial de Washington tambalea al examinar los mecanismos con los que determina la existencia de estas violaciones.
Al ser cuestionado sobre la metodología exacta para certificar qué mercancías son producto del trabajo involuntario, Greer reconoció que Estados Unidos no lleva a cabo verificaciones directas en los países afectados:
“No estamos entrando en cada uno de estos países para evaluar si tienen trabajo forzoso en sus fronteras”, admitió el funcionario.
De acuerdo con Greer, EEUU recurre a investigaciones internas y agencias propias para identificar a las empresas señaladas y frenar los embarques en su propia frontera.
Esta falta de supervisión directa contrasta con la contundencia de las sanciones. Según la publicación oficial del Federal Register, la inclusión de México en esta acción comercial se fundamentó en «los hallazgos de la investigación de México, incluyendo que México no ha hecho cumplir efectivamente dicha prohibición, y considerando los comentarios y testimonios del público».
El uso de testimonios públicos y procesos burocráticos internos para castigar económicamente a sus aliados estratégicos refleja una tendencia recurrente: instrumentalizar la agenda laboral del T-MEC como un mecanismo proteccionista para inclinar la balanza comercial a favor de Washington, socavando el espíritu de cooperación trilateral con el que se concibió el acuerdo.
Latinoamérica alza la voz frente al impacto regional; China denuncia doble moral de EEUU
Cabe señalar que el alcance de las medidas estadounidenses ha encendido la alarma en América Latina, donde socios clave ven amenazadas sus exportaciones y acusan una intromisión directa en sus economías.
En respuesta, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó las tarifas impuestas a diversos productos brasileños como una “injerencia externa”. El ministro adelantó que buscará una reunión formal con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante la cumbre del G-20 para defender la postura del país sudamericano.
Mientras tanto, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, informó que los nuevos aranceles impactan cerca del 40 por ciento de las exportaciones chilenas hacia EEUU. Aunque un 60 por ciento de los bienes chilenos ha quedado excluido, Santiago mantendrá negociaciones activas con Washington para lograr la exención total de las tasas.
Por su parte, el Ministerio de Comercio de China instó a Washington a corregir sus “prácticas erróneas” y eliminar los aranceles adicionales derivados de la Sección 301. Un portavoz ministerial subrayó que Pekín cuenta con una amplia legislación y marco regulatorio para combatir el trabajo forzoso, mientras que la postura de EEUU carece de legitimidad internacional:
“Estados Unidos aún no ha ratificado el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930 y lleva mucho tiempo manipulando la cuestión del ‘trabajo forzoso’ […] Este es un acto típico de unilateralismo y proteccionismo al que China se opone firmemente”, sostuvo el portavoz.
La dependencia china señaló además que Washington utiliza la Sección 301 como un recurso sustituto para reactivar gravámenes que anteriormente habían sido invalidados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y los recargos de la Sección 122.
