En una muestra clara de que la estrategia de pacificación nacional avanza sin tregua contra los generadores de violencia, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México propinó un revés financiero fulminante a las estructuras de la delincuencia organizada.
A través de un operativo coordinado de inteligencia y vigilancia, personal de la Secretaría de Marina (Semar), en coadyuvancia con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logró el aseguramiento de un cargamento masivo de aproximadamente 834 kilogramos de presunta cocaína en el municipio costero de Tonalá.
Frente a la lógica fallida del pasado que apostaba por espectáculos mediáticos, esta acción conjunta de las fuerzas armadas prioriza el desmantelamiento de las redes logísticas que vulneran la tranquilidad del sureste mexicano.
El decomiso de la sustancia ilícita frena de tajo la distribución de veneno en las calles y arrebata a las mafias recursos clave destinados a financiar sus operaciones criminales.
El decomiso se concretó durante recorridos preventivos de vigilancia terrestre implementados por el personal de la Armada de México en dicho municipio chiapaneco. Las fuerzas federales ubicaron un vehículo tipo doble cabina que se encontraba en aparente estado de abandono sobre la vía pública.
Al activar los protocolos de inspección preventiva, los marinos localizaron el cargamento oculto en la parte trasera de la unidad:
- El cargamento oculto: Un total de 44 costales de rafia.
- La sustancia: Decenas de paquetes rectangulares («ladrillos») que resguardaban una sustancia compacta de color blanco con características físicas idénticas a la cocaína.
- El volumen: Un peso bruto estimado en 834 kilogramos, el cual quedará sujeto al pesaje ministerial definitivo.
Tanto el vehículo doble cabina como los indicios asegurados fueron puestos a disposición inmediata del Ministerio Público de la Federación, autoridad que mantendrá bajo estricto resguardo el material en espera de las diligencias periciales pertinentes para robustecer la carpeta de investigación correspondiente.
Los análisis de inteligencia criminal revelan que este golpe estratégico representa un avance sustancial en la defensa de la salud pública y la soberanía del territorio.
Con el retiro de este cargamento del mercado negro, el Estado mexicano logró: evitar la distribución de aproximadamente 1 millón 660 mil dosis de droga que pretendían comercializarse en el país o ser traficadas hacia el norte.
Además de que generó una afectación económica estimada en más de 181 millones de pesos directos a las arcas de la delincuencia organizada, debilitando de manera drástica su capacidad operativa y de reclutamiento.
