(19 de marzo, 2014).- El martes 18 de marzo de 2014 pasó a la historia como el día en que Vladimir Putin firmó un tratado por el cual la región autónoma de Crimea pasa a formar parte de la Federación Rusa. De inmediato, Estados Unidos y la Unión Europea reforzaron las sanciones contra Rusia por lo que consideran un acto ilegal y como un “mero robo de tierras”. ¿Por qué Putin decidió usar la fuerza militar de Rusia para imponer a Ucrania la pérdida de la península, y por qué el 91 por ciento de los rusos lo apoya?
Hay una razón histórica que explica por qué hasta ahora incluso los medios que más critican la medida de Rusia deben admitir que la población de Crimea apoya su anexión. Crimea fue un territorio controlado por Rusia desde el siglo XVIII y aunque en 1954 el entonces mandatario de la Unión Soviética Nikita Jruschev transfirió la península a Ucrania, la URSS mantuvo una política de migración masiva de rusos hacia la región. Por eso incluso hoy la mayor parte de los crimeos se considera parte de Rusia.
Pero eso no basta para explicar por qué el país más extenso del mundo, con un territorio tan vasto y una población tan pequeña que incluso le crea problemas para controlarlo (Rusia tiene más de 17 millones de kilómetros cuadrados y sólo 140 millones de habitantes. Por establecer una comparación, México tiene poco menos de dos millones de kilómetros cuadrados y casi 120 millones de habitantes), se mete en un conflicto internacional y arriesga su economía a cambio de un pedazo más de tierra.
La respuesta es que, obviamente, Crimea no es cualquier territorio. Su ubicación es estratégica en el Mar Negro la vuelven fundamental para la seguridad rusa, pues la base naval que mantiene ahí representa la salida de sus buques al Mediterráneo. De hecho, cuando se desintegró la Unión Soviética, Rusia anuló la cesión de la península a Ucrania. Pero Kiev decidió mantenerla bajo su control y el débil gobierno ruso no hizo más por recuperar su territorio.
Lo único que logró negociar fue el mantenimiento de la base naval rusa en el puerto de Sebastopol, la cual existe desde hace 230 años, durante 20 años más a partir de 1997. En 2010, previendo el fin de ese plazo, Putin negoció un nuevo tratado por el cual la flota rusa podría permanecer en Sebastopol hasta 2042. A cambio, Rusia transferiría a Ucrania 40 mil millones de dólares mediante descuentos especiales en el precio del gas ruso.
Todo eso quedó en entredicho el 22 de febrero, cuando el presidente Viktor Yanukovich huyó de Ucrania tras ser destituido por el Parlamento en lo que calificó como un golpe de Estado.
Después de que el 7 de febrero pasado se confirmara la autenticidad de una llamada telefónica filtrada a YouTube donde Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Europa, indica qué líderes de la oposición ucraniana deben formar parte de un eventual nuevo gobierno y quiénes no, Estados Unidos ya ni siquiera se molesta en desmentir que la caída del presidente Yanukovich fue impulsada desde Washington.
Que existía una oposición real y legítima contra Yanukovich entre la mitad pro occidental de Ucrania, parece estar fuera de todo cuestionamiento. Pero asimismo lo está el hecho de que su caída sólo fue posible gracias al apoyo prestado a los opositores por Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso resultan fuera de lugar, por decir lo menos, los reclamos de Barack Obama a Vladimir Putin acusándole de violar la soberanía ucraniana.
Por eso, con la llegada de un gobierno ferozmente antirruso patrocinado por Estados Unidos y la Unión Europea, Putin vio como inminente la ruptura del tratado sobre Crimea y la pérdida de la base naval en Sebastopol. Pero más importante que eso, el gobierno satélite de Estados Unidos representaba –representa– la amenaza perentoria de la entrada de Kiev en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
